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Actualidad

El movimiento CERMI emplaza a las CCAA a respaldar el acuerdo de acreditación y calidad de servicios y centros de dependencia

21/06/2022

Acuerdo unánime de la Asamblea de Representantes del CERMI en el que queda patente su posición sobre la propuesta de acuerdo planteada por el Gobierno de España.

El movimiento CERMI emplaza a las CCAA a respaldar el acuerdo de acreditación y calidad de servicios y centros de dependenciaEl CERMI ha instado a las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas miembro del Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia a respaldar el ‘acuerdo de acreditación y calidad de servicios y centros de dependencia’ que ha planteado el Gobierno de España, y sobre el cual se deliberará el próximo día 27 de junio.
 
Así consta en un acuerdo aprobado por unanimidad por la Asamblea de Representantes del CERMI, máximo órgano de gobierno de la Entidad, en el que pide que se “minimicen las discrepancias en aras al interés general”, de modo que este acuerdo pueda ser adoptado por un amplio consenso.
 
Para el movimiento CERMI, “la propuesta de acuerdo de mínimos supone un avance respecto de la situación actual de graves carencias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, actualizando y ampliado unos parámetros que, con el debido soporte financiero de los poderes públicos corresponsables, permitirá orientar el Sistema hacia mayores cotas de protección social, de acuerdo con modelos más promotores de la autonomía personal y mejorando el marco y condiciones del personal profesional de atención”.
 
Paralelamente, el movimiento CERMI insta al Estado a que asegure por todas las vías posibles -reforzando notablemente el nivel acordado- los recursos económicos necesarios, de forma sostenida durante la vigencia del acuerdo, para que todas las exigencias e indicadores contenidos en el mismo puedan verificarse por las Administraciones gestoras del SAAD.
 
Finalmente, el movimiento CERMI reclama también que los tejidos asociativos de la discapacidad y de las personas mayores sean considerados y tratados como operador social legitimado y partícipe en el proceso de aplicación del acuerdo, en representación de los grupos cívicos destinatarios de la Ley 39/2006.
 
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